Saddam Hussein: ¿Juicio justo?
Diario Financiero 07 - 07 - 2004
La constitución de una nación representa el acuerdo del contrato social, las reglas de juego de una colectividad o, como decía Ortega y Gasset, es la piel de la sociedad, la base sobre la cual descansa la legitimidad institucional, que evita el caos, anarquía y desorden. De ella se derivan los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno de ellos tiene funciones propias y, por lo tanto, no puede invadir el campo que corresponde al otro. Con la división de poderes se busca proteger la libertad y seguridad de los individuos, evitar la tiranía y distribuir el trabajo para hacerlo más eficiente.
Por ello, cuando el Estado de Derecho se pierde, como en el caso de Irak, lo que corresponde es trazar un camino de recuperación y normalización. Una de las formas más eficientes han sido los Gobiernos de Transición, encargados de representar la sociedad y presentarle un camino para alcanzar una completa normalización y funcionamiento como Estado-nación. Este proceso tiene una condición fundamental: una incorporación amplia en la búsqueda de la unidad nacional.
En línea con los conceptos anteriores, las nuevas autoridades que recibieron el poder el pasado 28 de junio están en la hora de su gran prueba: ¿Cuánto de real autonomía y soberanía se les traspasó? La pregunta está precedida de un debate que crecerá con el paso de los días, con la entrega formal de Saddam no física, argumentando razones de seguridad-, al gobierno provisional, que de inmediato activó el Tribunal Especial Iraquí TEI- para juzgarlo.
Tres ejes gravitan en el debate jurídico-político, siendo el primero la base de legitimidad del gobierno interino. Segundo: la ausencia de un nuevo contrato social, léase nueva Constitución de la que se desprendan los órganos del poder del Estado, a los que se les confiere diferentes funciones. Tercero: por qué se trastocan las prioridades y, en lugar de impulsar la reconstrucción Institucional de Irak, se instala un Tribunal, sin el respaldo mencionado, con la exclusiva misión de juzgar a Hussein. ¿Estamos frente a la posibilidad de un juicio justo como corresponde a toda persona?
El gobierno provisional debe ganarse la confianza de la mayoría para proponer, como corresponde, una hoja de ruta que permita a su nación tener el estatuto de un Estado reconocido como tal y que funcione en consecuencia. Su propio carácter de transitorio, le confiere el rol de fijar las bases para convocar a una Asamblea Constituyente que origine la nueva Carta Magna y la arquitectura del nuevo Estado. A su vez, esta Constitución será la fuente de origen de las nuevas autoridades, del sistema de elecciones y, esencialmente, el soporte de la legitimidad, sobre la cual debe descansar el futuro de la Nación. Por eso llama la atención que se anteponga a ese calendario la creación de un Tribunal, más parecido a la forma de administrar justicia en los países occidentales, y sentar en el banquillo de los acusados al ex líder Saddam Hussein.
¿Es el juicio justo? Cuando estuve en Amman, capital de Jordania, participando en la reunión de los Presidentes de los Parlamentos de los Países Limítrofes de Irak, observé el acento que los representantes pusieron a la realización de un juicio justo a Hussein, por lo que llamaron crímenes internos y externos, como base para la paz futura de Irak. Enfáticamente, la palabra fue juicio justo, en toda su dimensión. Tal como han planteado las actuales autoridades transitorias, se aprecia que el juicio a Sadam Hussein tiene una clara intención política: poner en el centro de la escena de Irak la figura del ex mandatario, para atraer a las fuerzas opositoras. Hussein está siendo utilizado como la palanca para legitimar a unas autoridades que surgieron de una lista de nombres aprobados por los países de la coalición. Buscan con la amenazante figura de Saddam, recordar los tiempos de persecución, masacres y guerras, que durante 30 años vivieron los iraquíes.
Por la prisa de alcanzar el reconocimiento interno, el nuevo gobierno olvidó las formas y el fondo de legitimidad que debe tener un tribunal. La decisión de restaurar la pena de muerte, la instalación de los tribunales y la idea de mostrar por televisión imágenes parciales de un Hussein que no reconoce haber perdido la calidad de presidente y que no valida la instancia judicial, es revelarlo en la clásica faceta del líder duro, para atemorizar a los indecisos y elevar el apoyo al gobierno provisional. Pensamos que la prioridad del Presidente Interino, Ghazil al Yawar, y del Primer Ministro Ayib Alawi, sería la de trazar un recorrido hacia la estabilización y reconstrucción del país, elaborando un calendario preciso y orientado a explicitar ante los ciudadanos de esta atribulada nación los pasos para alcanzar una plena soberanía nacional.
Irak experimenta una soberanía cautelada. Las autoridades controlan parcialmente algunas funciones del Estado. La efervescencia sigue presente. La violencia no da tregua. El Primer Ministro Alawi está planificando una estrategia de garrote y zanahoria para controlar a las milicias, que resisten la presencia de las tropas de la coalición, y es este punto el que debe priorizar. Ahí está el caso del clérigo chiíta Muqtada Al Sadr que llamó a un levantamiento contra las tropas de ocupación y calificó al gobierno interno de ilegitimo e ilegal. Si persiste en su conducta, ¿ lo atacarán?. ¿O que harán con él?
El tiempo transcurre y la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad y el caos ganan espacios. La solución sólo llegará a Irak cuando no tenga una soberanía cautelada, cuando se retiren las tropas de ocupación y la autodeterminación sea una realidad. Sería útil no mostrar tanta prisa en juzgar a Saddam Hussein, sino en decirle a los iraquíes que la reconstrucción es posible, que la inmensa riqueza que tienen emanada del petróleo se puede distribuir entre todos, mejorando urgentemente los sistemas de salud, educación, inserción social y tantas tareas pendientes. Una vez que se tenga la Constitución, se configuren los poderes, se reinstale el sistema judicial, ahí sí -con el gran fundamento de ser autoridades legitimadas- podrán proceder al juicio justo contra Saddam Hussein. Lo demás es alentar hogueras de pasiones, odios o, a lo menos, dar la sensación de uso político y si se quiere de una pequeña venganza.
La constitución de una nación representa el acuerdo del contrato social, las reglas de juego de una colectividad o, como decía Ortega y Gasset, es la piel de la sociedad, la base sobre la cual descansa la legitimidad institucional, que evita el caos, anarquía y desorden. De ella se derivan los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno de ellos tiene funciones propias y, por lo tanto, no puede invadir el campo que corresponde al otro. Con la división de poderes se busca proteger la libertad y seguridad de los individuos, evitar la tiranía y distribuir el trabajo para hacerlo más eficiente.
Por ello, cuando el Estado de Derecho se pierde, como en el caso de Irak, lo que corresponde es trazar un camino de recuperación y normalización. Una de las formas más eficientes han sido los Gobiernos de Transición, encargados de representar la sociedad y presentarle un camino para alcanzar una completa normalización y funcionamiento como Estado-nación. Este proceso tiene una condición fundamental: una incorporación amplia en la búsqueda de la unidad nacional.
En línea con los conceptos anteriores, las nuevas autoridades que recibieron el poder el pasado 28 de junio están en la hora de su gran prueba: ¿Cuánto de real autonomía y soberanía se les traspasó? La pregunta está precedida de un debate que crecerá con el paso de los días, con la entrega formal de Saddam no física, argumentando razones de seguridad-, al gobierno provisional, que de inmediato activó el Tribunal Especial Iraquí TEI- para juzgarlo.
Tres ejes gravitan en el debate jurídico-político, siendo el primero la base de legitimidad del gobierno interino. Segundo: la ausencia de un nuevo contrato social, léase nueva Constitución de la que se desprendan los órganos del poder del Estado, a los que se les confiere diferentes funciones. Tercero: por qué se trastocan las prioridades y, en lugar de impulsar la reconstrucción Institucional de Irak, se instala un Tribunal, sin el respaldo mencionado, con la exclusiva misión de juzgar a Hussein. ¿Estamos frente a la posibilidad de un juicio justo como corresponde a toda persona?
El gobierno provisional debe ganarse la confianza de la mayoría para proponer, como corresponde, una hoja de ruta que permita a su nación tener el estatuto de un Estado reconocido como tal y que funcione en consecuencia. Su propio carácter de transitorio, le confiere el rol de fijar las bases para convocar a una Asamblea Constituyente que origine la nueva Carta Magna y la arquitectura del nuevo Estado. A su vez, esta Constitución será la fuente de origen de las nuevas autoridades, del sistema de elecciones y, esencialmente, el soporte de la legitimidad, sobre la cual debe descansar el futuro de la Nación. Por eso llama la atención que se anteponga a ese calendario la creación de un Tribunal, más parecido a la forma de administrar justicia en los países occidentales, y sentar en el banquillo de los acusados al ex líder Saddam Hussein.
¿Es el juicio justo? Cuando estuve en Amman, capital de Jordania, participando en la reunión de los Presidentes de los Parlamentos de los Países Limítrofes de Irak, observé el acento que los representantes pusieron a la realización de un juicio justo a Hussein, por lo que llamaron crímenes internos y externos, como base para la paz futura de Irak. Enfáticamente, la palabra fue juicio justo, en toda su dimensión. Tal como han planteado las actuales autoridades transitorias, se aprecia que el juicio a Sadam Hussein tiene una clara intención política: poner en el centro de la escena de Irak la figura del ex mandatario, para atraer a las fuerzas opositoras. Hussein está siendo utilizado como la palanca para legitimar a unas autoridades que surgieron de una lista de nombres aprobados por los países de la coalición. Buscan con la amenazante figura de Saddam, recordar los tiempos de persecución, masacres y guerras, que durante 30 años vivieron los iraquíes.
Por la prisa de alcanzar el reconocimiento interno, el nuevo gobierno olvidó las formas y el fondo de legitimidad que debe tener un tribunal. La decisión de restaurar la pena de muerte, la instalación de los tribunales y la idea de mostrar por televisión imágenes parciales de un Hussein que no reconoce haber perdido la calidad de presidente y que no valida la instancia judicial, es revelarlo en la clásica faceta del líder duro, para atemorizar a los indecisos y elevar el apoyo al gobierno provisional. Pensamos que la prioridad del Presidente Interino, Ghazil al Yawar, y del Primer Ministro Ayib Alawi, sería la de trazar un recorrido hacia la estabilización y reconstrucción del país, elaborando un calendario preciso y orientado a explicitar ante los ciudadanos de esta atribulada nación los pasos para alcanzar una plena soberanía nacional.
Irak experimenta una soberanía cautelada. Las autoridades controlan parcialmente algunas funciones del Estado. La efervescencia sigue presente. La violencia no da tregua. El Primer Ministro Alawi está planificando una estrategia de garrote y zanahoria para controlar a las milicias, que resisten la presencia de las tropas de la coalición, y es este punto el que debe priorizar. Ahí está el caso del clérigo chiíta Muqtada Al Sadr que llamó a un levantamiento contra las tropas de ocupación y calificó al gobierno interno de ilegitimo e ilegal. Si persiste en su conducta, ¿ lo atacarán?. ¿O que harán con él?
El tiempo transcurre y la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad y el caos ganan espacios. La solución sólo llegará a Irak cuando no tenga una soberanía cautelada, cuando se retiren las tropas de ocupación y la autodeterminación sea una realidad. Sería útil no mostrar tanta prisa en juzgar a Saddam Hussein, sino en decirle a los iraquíes que la reconstrucción es posible, que la inmensa riqueza que tienen emanada del petróleo se puede distribuir entre todos, mejorando urgentemente los sistemas de salud, educación, inserción social y tantas tareas pendientes. Una vez que se tenga la Constitución, se configuren los poderes, se reinstale el sistema judicial, ahí sí -con el gran fundamento de ser autoridades legitimadas- podrán proceder al juicio justo contra Saddam Hussein. Lo demás es alentar hogueras de pasiones, odios o, a lo menos, dar la sensación de uso político y si se quiere de una pequeña venganza.
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